Con motivo de la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2014/67/UE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional por el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, se determina la obligatoriedad de que los empresarios que desplacen trabajadores a España utilicen medios electrónicos al presentar la comunicación de desplazamiento ante la autoridad laboral española competente por razón del territorio, la obligatoriedad de incluir los datos de un representante presente en España designado por la empresa para que sirva de enlace con las autoridades competentes españolas y para que envíe y reciba documentos o notificaciones, así como de una persona que pueda actuar como representante de la empresa prestadora de servicios en procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los trabajadores desplazados a España.

Asimismo, se precisan los documentos que los empresarios que desplacen trabajadores a España deben tener disponibles durante el periodo de desplazamiento (contratos de trabajo o documento equivalente con los elementos esenciales del contrato de trabajo, los recibos de salarios y comprobantes de pago de salarios a cada trabajador, los registros horarios diarios y autorizaciones de los nacionales de terceros países), y se establece la obligación de aportarlos, una vez concluido el desplazamiento, cuando sean requeridos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de traducirlos al castellano o a las lenguas cooficiales de los territorios donde vayan a prestarse los servicios.

Este Real Decreto-Ley también se dirige a tipificar como infracciones administrativas los incumplimientos de las nuevas obligaciones establecidas a través de la modificación de la Ley del 29 de noviembre de 1999 y abordar la ejecución transfronteriza de sanciones en el ámbito del desplazamiento de trabajadores.

Se adjunta BOE de 27 de Mayo de 2017