El 25% del PIB, o lo que es lo mismo, más de 250.000 millones de euros anuales. Ésa es la escandalosa cifra a la que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) eleva el volumen de la economía sumergida en España y que nos sitúa a la cabeza del fraude entre las grandes economías de la UE -sólo superados por Italia-, y con un 80,6% del fraude total fiscal y laboral que queda oculto y sin castigo cada año.
Esta cifra es la que figura en el informe que sobre la evasión fiscal en nuestro país está ultimando Gestha y en el que se muestra que, lejos de disminuir, la economía sumergida ha crecido casi dos puntos, desde el 23,3% del PIB, en los últimos años como consecuencia, en gran parte, de la crisis.
Críticas al Gobierno
Pero no sólo es la crisis, porque los técnicos de Hacienda también responsabilizan al Gobierno, al que califican de "poco ambicioso" en la lucha contra el fraude, de esta situación. De hecho, apuntan que los resultados de las actuaciones de control en el último año y medio, que permitieron aflorar más de 22.500 millones de euros de fraude a Hacienda y la Seguridad Social, suponen sólo el 19,3% de toda la evasión anual.
Esto supone que la tasa de impunidad fiscal en nuestro país, se eleva hasta el 80,6% de la evasión total, y eso en lo que el propio Ejecutivo califica como el mejor año de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude.
Por conceptos tributarios, los responsables de Gestha estiman que sólo el fraude en impuestos y cotizaciones sociales supera los 90.000 millones de euros, mientras que la defraudación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) produce una pérdida de recaudación de 17.176 millones anuales, el 1,6% del PIB nacional, y una cifra que es más del doble que la registrada al principio de la crisis económica, en que el agujero del IVA no llegaba a 7.000 millones de euros.
Esta alta evasión fiscal es una de las causas que explican el bajo rendimiento en la recaudación por IVA puesto que, aseguran, Hacienda sólo recauda 9,7 euros de cada cien que se gastan en consumo en España. Cifra muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en 12,3 euros y que nos coloca en el último lugar de los grandes de la Unión. Los cálculos de Gestha coinciden en líneas generales con los del informe sobre la economía sumergida del Servicio de Estudios de La Caixa, en el que se afirma que la erradicación de la economía sumergida acarrearía un aumento de la recaudación fiscal de entre 60.000 y 80.000 millones de euros anuales. Un importe "notable, si se tiene en cuenta que, en 2012, el total de impuestos y contribuciones sociales pagados en España fue de 347.000 millones de euros.
Más cerca de Europa en recaudación
Estas cifras resultarían del objetivo casi utópico de la erradicación total de esta lacra de la economía sumergida. Pero el mismo informe de La Caixa apunta que "si partimos de una corrección más realista, por ejemplo de una reducción del peso de la economía sumergida hasta el equivalente alemán (del 18,6 al 13% del PIB), se afloraría una recaudación de entre 18.000 y 20.000 millones de euros.
Ello ayudaría sensiblemente a acortar la distancia con la zona euro en términos de recaudación fiscal sobre el PIB, que en España es de sólo el 33%, frente al 42% de media en los países de la moneda única.
A la vista de las magnitudes señaladas, los autores del informe concluyen que , "en un contexto de crisis económica y con la imperiosa necesidad de consolidar las cuentas públicas, es evidente que esa menor recaudación fiscal derivada de la economía sumergida es un lastre para la economía española".
En el caso de España, y para determinar cuáles son los factores más relevantes que impulsan la actividad defraudadora, uno de los pocos estudios empíricos disponibles, el prestigioso de Schneider y Buehn, correspondiente al ejercicio de 2012, relaciona el relativamente abultado tamaño de la economía sumergida española con la excesiva e ineficiente regulación en un ámbito muy concreto: el mercado laboral.
A cierta distancia de esta sobrerregulación laboral, también identifican el nivel de imposición indirecta y la imposición personal como factores que incentivan la ocultación de actividades en España. Establecen, igualmente, que el grado de aceptación social de las prácticas fraudulentas es un factor relevante, aunque mucho menos que las variables laborales y fiscales.
Es por ello que los expertos coinciden en asegurar que una simplificación de los trámites administrativos y tributarios redundaría en un descenso del fraude y de la economía sumergida.
Fuente: eleconomista.com
